EN EL EFECTO DE LAS SANCIONES 1+1 ≠ 2″,
El recurso de las sanciones económicas como instrumento de política internacional tiene su debut en 1960, cuando el presidente Eisenhower decidió aplicarlas contra Cuba tras el triunfo de la Revolución liderada por Fidel Castro. En un contexto de Guerra Fría y en un espacio que Estados Unidos siempre consideró su área de influencia exclusiva, aquellas medidas evolucionaron rápidamente hacia el bloqueo total formalizado por Kennedy en 1962.
El episodio fue una reacción directa a la nacionalización de empresas estadounidenses y al alineamiento de Cuba con la Unión Soviética. Desde entonces, las sanciones se convirtieron en un arma recurrente: primero como herramienta de presión en la confrontación bipolar, y luego, tras la disolución de la URSS, como instrumento preferido del hegemon para imponer su voluntad en un orden global unipolar. Resulta claro en este punto destacar que el propósito de las mismas consiste en lograr un cambio de régimen, o en todo caso una moderación de las políticas que resultan adversas a los intereses del país que las aplica, siempre con el objetivo último de consolidar y mantener su posición dominante en el contexto mundial.
Este mecanismo implica un proceso de degradación de las condiciones de vida de la población y una exacerbación de la opinión pública, potenciada por la manipulación mediática. Como observa Henry Kissinger en Diplomacy (1994), a diferencia de la era feudal —donde la diplomacia de gabinete se ejercía sin necesidad de consenso popular—, los gobiernos modernos están condicionados por la irrupción de las masas en la vida política. Bajo esta lógica, la sanción funciona intentando convencer a las audiencias domésticas de que la asfixia económica de un pueblo es un imperativo necesario; ya sea para la supuesta liberación de la población oprimida en el Estado sancionado, o bien para neutralizar riesgos para la seguridad tanto regional como internacional.
Sin embargo, como frecuentemente queda demostrado empíricamente, estas medidas suelen ser ineficientes en términos de logros efectivos, especialmente en lo que respecta a cambios reales de régimen. La intensidad de estas medidas no es uniforme ni tampoco igual para cada caso, ya que dependerá de los objetivos prioritarios así como de condicionantes geopolíticos, económicos y sociales. En este sentido, se puede observar que la «Lógica de las Sanciones» no opera bajo un estándar universal, sino que se calibra estratégicamente según el destinatario y el tablero en juego:
- A los vecinos (Control Hemisférico): Se aplica la asfixia económica como método de disciplina regional, buscando mantener la exclusividad de influencia en el área.
- A los rivales nucleares (Equilibrio de Terror): Se busca el aislamiento diplomático y financiero, pero ejecutado con una cautela que evita el escalamiento hacia un conflicto directo e irreversible.
- A los rivales culturales/religiosos (Lógicas de Excepcionalidad): En casos como el de Irán, la persecución se justifica bajo premisas de seguridad regional y amenazas existenciales, donde el factor ideológico y milenario altera el cálculo puramente económico.
Por ejemplo, casos como Cuba o Venezuela sugieren máxima dureza y persistencia dada su condición geográfica; aquí rige la Doctrina Monroe en toda su dimensión, al igual que la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, según su visión. Distinto es el caso de sancionar potencias nucleares, como sucede con Rusia y Corea del Norte cuyo estatus militar, aunque no es equivalente, es intrínsecamente disuasorio.
El pensamiento de Joseph Kraft en The Power in Washington (1964) permite identificar cómo el lobby de defensa ha logrado internalizar en el electorado estadounidense la noción de seguridad como un factor determinante a la hora de decidir el voto. Esta «socialización» del riesgo permanente crea un escenario donde la política exterior queda justificada y blindada frente al debate democrático tradicional. Como resultado, se produce lo que Kraft describe como una convergencia estratégica: el sistema no solo habilita la continuidad en la proyección de poder, sino que internamente obliga a los partidos a la convivencia, ya que el costo de intentar imponer una visión alternativa es muy superior al beneficio de mantener el consenso en la superficie.
La evidencia de esta internalización se observa de manera concreta al contrastar las administraciones de George W. Bush y Barack Obama. Mientras que el primero inició el ciclo de intervencionismo directo y ocupación con la invasión a Irak (2003) bajo la doctrina de la «guerra contra el terrorismo», el segundo —quien llegó al poder con una narrativa de cambio y retiro— mantuvo la esencia de esa estructura. Bajo la administración Obama, lejos de un repliegue real, se asistió a la expansión de la guerra a través de nuevas tecnologías, como el uso intensivo de drones en Pakistán y Yemen, el sostenimiento de los presupuestos de defensa y la intervención en Libia (2011) para deponer a Gadafi. Asimismo, a pesar de sus promesas de campaña, Obama mantuvo abierta la prisión de Guantánamo y ratificó leyes de vigilancia interna, demostrando que el aparato de seguridad nacional es una estructura transpartidaria.
Esta continuidad demuestra que, una vez que el ideario de la seguridad ha sido inoculado en el pueblo como argumento de campaña, el costo de romper con esa lógica es prohibitivo. Para un presidente demócrata como Obama, desmantelar el aparato heredado de Bush hubiera significado una derrota en el tablero doméstico ante la acusación de «debilidad». Así, la política exterior se convierte en un proceso inercial: el partido en el poder cambia, pero la dirección del hegemon permanece, validada por un consenso social que prioriza la percepción de defensa sobre la eficacia real de las medidas aplicadas.
Un caso especialmente singular es el de Irán, ya que desde la dimensión geográfica se puede ver una situación harto compleja, dado que su potencialidad es percibida por Israel como una amenaza existencial, sumado a factores religiosos y una cultura milenaria. Un factor adicional es que los líderes de ambos estados (USA e Israel) parecieran estar en una disputa por la supervivencia personal, hipótesis que podría explicarse a través de la Teoría de los Juegos de Doble Nivel de Robert Putnam (1988)[i]. El líder estadounidense debe jugar simultáneamente en el tablero internacional y en el doméstico. En el caso iraní, la sanción puede fracasar en Teherán, pero es un éxito en Washington al satisfacer a grupos de presión y al lobby sionista. La política exterior queda secuestrada por las necesidades de ratificación interna: el hegemon no puede abandonar la política de sanciones sin que esto sea interpretado como una derrota frente a sus aliados y rivales en su propio tablero doméstico.
Esta trampa institucional explica casos de disrupción aparente, como el de Donald Trump frente a Irán. El líder puede intentar romper la inercia con un relato de victoria —bajo la premisa de «ganamos, nos vamos»—, pero la realidad es que el sistema de sanciones permanece inalterado porque el margen de maniobra está secuestrado por la necesidad de ratificación interna. Al final, como sugiere la Teoría de los Juegos de Doble Nivel de Robert Putnam, el líder puede fracasar en el tablero internacional, pero su prioridad es no perder en el doméstico.
Esta lógica punitoria, sin embargo, convive con una notable laxitud cuando los intereses estratégicos del sancionador se ven amenazados. Un ejemplo elocuente se dio en el mercado energético: según informes de Bloomberg y el Financial Times publicados entre marzo y abril de 2026, las sanciones sobre el tránsito petrolero en pleno conflicto debieron ser «flexibilizadas» mediante licencias de excepción. Estas medidas fueron tomadas por Washington para evitar que una escalada incontrolable en el precio global del crudo impactara en la inflación interna en un momento de fragilidad política. Esta flexibilidad selectiva confirma que la sanción es una herramienta ineficiente que se tensa o se afloja según la necesidad de estabilidad económica interna del sancionador, por lo que pierde efecto real en el sancionado.
Respecto al caso ruso y partiendo de la asunción de que el régimen de sanciones debería haber producido un deterioro económico estructural e irreversible, derivando en la insolvencia del Estado para sostener el esfuerzo militar y la erosión del consenso político interno —precipitando así la caída del gobierno o un cambio radical en su política exterior—, la realidad de los hechos no evidencia el cumplimiento de dicho objetivo. Por el contrario, podemos afirmar que las sanciones económicas aplicadas al Estado ruso por parte de las potencias occidentales han sido no solo ineficaces en su intencionalidad, sino absolutamente contraproducentes para sus promotores.
Como ha señalado la prensa especializada, la economía rusa no solo ha resistido, sino que ha mostrado una vitalidad inesperada. Informes de The Economist y proyecciones actualizadas del Fondo Monetario Internacional (FMI) han tenido que corregir sistemáticamente sus previsiones, admitiendo que el PBI ruso ha crecido por encima de la media de las economías avanzadas de Europa. Este fenómeno se explica por lo que los analistas denominan «militarismo económico»: un proceso donde la exclusión de los circuitos financieros occidentales obligó a Moscú a un repliegue hacia la soberanía industrial y a un pivot estratégico hacia los mercados asiáticos que, en la práctica, ha neutralizado la capacidad de presión de Washington.
En definitiva, el caso ruso estaría marcando el agotamiento de la sanción como herramienta de ejercer poder y modificar políticas, ya que, por el contrario, se convierte en el catalizador de un nuevo orden multipolar donde gran parte de la comunidad internacional no descarta la idea de que la coacción financiera occidental es su nueva amenaza; por lo tanto, la deriva de esta situación parece ser optar por el establecimiento de un nuevo orden global que la neutralice
[i] Robert Putnam (1988) propone que las negociaciones internacionales se desarrollan simultáneamente en dos tableros. En el Nivel I (internacional), los gobiernos buscan acuerdos entre sí; mientras que en el Nivel II (doméstico), los líderes deben obtener el respaldo de sus propios actores internos (Congreso, grupos de interés, opinión pública). Según este modelo, la viabilidad de cualquier política exterior depende de la existencia de un «win-set» o área de acuerdo común, donde las exigencias internas del país coincidan con las posibilidades de negociación externa. Así, una política puede ser estratégicamente ineficaz en el tablero internacional, pero mantenerse vigente si garantiza una ganancia de poder o consenso en el frente interno.